En Chile, al igual que otros países, ya antes de la pandemia por Covid-19 se venían sobrellevando graves efectos en la salud mental de las personas, asociados al desarrollo económico-social contemporáneo. Las tasas de suicidio, el consumo de drogas, las consultas y licencias médicas son signos inquietantes sobre algo que pasa con la salud mental de los chilenos y chilenas. Sus causas son múltiples y extensas.
Recientemente, el 10 de octubre, se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental, y es por ello que nos detenemos a revisar el estado actual en la materia en nuestro país.
La ley 21.331 “Del Reconocimiento y Protección de los Derechos de las Personas en la Atención de Salud Mental”, en adelante ley de salud mental, de reciente vigencia, si bien constituye un avance, se presenta más bien como una respuesta a ciertas preocupaciones y hechos puntuales. También esta ley se muestra lejana de la realidad del fenómeno de la salud mental; por ejemplo, continúan las solicitudes de familiares para internaciones administrativas ante la imposibilidad de manejar ciertos casos en los domicilios, los abandonos de adultos mayores con patologías mentales y la situación de las internaciones judiciales. En este aspecto, si bien desde lo técnico–clínico la ley se muestra en grado de conformidad, no lo hace respecto de la realidad, expectativa y experiencia de la sociedad. Lo concreto es que no cumple con los estándares de los instrumentos de protección de los derechos humanos comprometidos por el Estado.
El enfoque de derechos humanos en salud mental no está suficientemente explicitado en la reciente ley de salud mental, generando confusiones respecto del tema. En rigor, la ley preserva el modelo biomédico asistencial, ignorando las recomendaciones de la OMS sobre la implementación de un modelo de salud comunitario, conforme también al Plan de Salud Mental del Ministerio de Salud. El modelo biomédico de atención está centrado en la condición de la patología; o sea, en el tratamiento y medicación del paciente, ignorando su relación con el entorno.
La ley de salud mental no concretará un real avance sino va acompañada de garantías de financiamiento, sostenibilidad, calidad y, por sobre todo, un cambio en el modelo de enfoque, poniendo en el centro a las personas y sus derechos, los que deben ser garantizados no solo en su respeto, sino que también en la posibilidad de su ejercicio y goce. Las normas y políticas públicas deben entonces orientarse a la promoción y garantía de bienestar, posibilitando el desarrollo de un proyecto de vida que garantice la inclusión y la posibilidad de aporte a la comunidad de todas y todos.
Abordar la situación de la salud mental de la población no es problema clínico o asistencial. Pretender reducirlo a este ámbito es desconocer la complejidad de la sociedad. Urge una mirada a las acciones en el territorio, integrar los ámbitos educacional, laboral o previsional a las políticas de salud mental -y de salud en general-, ampliando la visión de esta problemática.
Se requieren espacios de trabajo amplios, que no solo convoquen a los referentes clínicos, sino también a la sociedad toda. Por ejemplo, para mejorar la salud mental en los espacios laborales es necesario convocar a las organizaciones de empresas, mutualidades, etc. Sin la participación y sin una visión amplia del fenómeno, será prácticamente imposible cristalizar mejoras.
En esta perspectiva, la participación de la academia resulta fundamental, no solo desde el aporte teórico, sino también en la incorporación de modelos de formación que se hagan cargo de la complejidad del malestar social y de todas las variables que afectan negativamente al bienestar y la salud.
En este sentido, cabe destacar que la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Alba incorpora en su plan de estudios la mirada de la atención integral con participación comunitaria en salud, especialmente en el currículo de formación de la carrera de Medicina, considerando en su Perfil de Egreso el objetivo de la formación de personas comprometidas con el bienestar de la comunidad, potenciando el ejercicio profesional en la prevención y la atención en salud primaria; considerando a quien ejerce la acción profesional en salud como parte de la comunidad (y no como un experto/a externo) e incorporando la salud mental como parte fundamental del bienestar, dando pasos concretos en la formación de profesionales que respondan a las complejas realidades sociales y necesidades en el ámbito de la salud.
Asimismo, haciendo eco de las recomendaciones del Colegio Médico de Chile A.G., hemos creado un Área de Derechos Humanos en nuestra facultad, con el fin de incorporar dicho enfoque en la formación de nuestros alumnos y alumnas. Junto con ello, queremos desarrollar un área de desarrollo de conocimientos y formación que no solo impacte en nuestra comunidad educativa, sino también en la comunidad, generando actividades de extensión que promuevan y eduquen en derechos humanos.
La salud es un derecho humano universal, y en el presente, la salud mental representa la segunda preocupación de cuidado en salud de chilenas y chilenos (IPSOS, Monitor Global de Salud, septiembre 2022). En la conmemoración del Día Internacional de la Salud Mental reiteramos que los Estados tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias que promuevan cambios significativos en las condiciones sociales, sanitarias, ambientales, económicas, de vivienda y de infraestructura que garanticen la posibilidad de desarrollo de un proyecto de vida en el que la dignidad, la no discriminación y el ejercicio de los derechos humanos sean una realidad para todas las personas.
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