El 10 de octubre de cada año se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Esta iniciativa nos interpela de manera especial a dedicar un tiempo de reflexión para preguntarnos cuál es el estado de la salud mental hoy en Chile, aludiendo también a la conocida consigna de la Organización Mundial de la Salud (OMS): “No hay Salud sin Salud Mental”.
La pandemia del COVID-19 impactó de manera negativa en la salud mental de las y los chilenos. El estudio “Termómetro de la Salud Mental en Chile UC-ACHS” (julio de 2020) detectó que un 34,6% de los encuestados presentó alguna sospecha o problema de salud mental y el 49,4% expresó que su estado de ánimo había empeorado. En este escenario tan adverso, se hicieron más visibles las brechas de accesibilidad y los recursos disponibles, por lo que hoy se requiere trabajar de manera colectiva para una mejora progresiva de la realidad chilena tanto en las comunidades como en el sistema de salud.
La ley N° 21.331 “Del reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental” (mayo de 2021) incorporó un avance en el acceso a la salud mental y la regulación en la interacción que las personas tienen con los dispositivos de salud mental de la red de servicios existentes; sin embargo, adolece de un presupuesto para su ejecución, no incorpora la promoción y la prevención, y conserva como hilo conductor una perspectiva biomédica limitando el giro enriquecedor y cabal que podría inferirse con una perspectiva explícita articulada con los principios de la Convención de los Derechos de las personas con Discapacidad.
Ahora bien, en el mensaje presidencial del 29 de septiembre recién pasado, sobre la Ley de Presupuesto 2023, se anunció la destinación de más de 19 mil millones para el refuerzo de la salud mental, además de la implementación del proyecto piloto de Atención Primaria Universal. La primera iniciativa responde al anhelo de alcanzar durante el periodo presidencial las recomendaciones internacionales de financiamiento con montos que alcancen al menos el 5% del presupuesto destinado a salud en el ámbito de la salud mental propiamente tal; y la segunda, debiera inscribirse en una estrategia concreta y permanente para una Atención Primaria de Salud fuerte, que sea el centro de gravedad del sistema.
Tanto para el ámbito de la ley y las políticas públicas como en el de las organizaciones de la sociedad civil es perentorio seguir articulando espacios de discusión acerca de las necesidades en materia de salud mental y la significación del bienestar, pues es en esta articulación de saberes, prácticas y realidades sociales diversas que se visibilizan las brechas estructurales para enfrentar la desigualdad; por lo tanto, debe estar presente como referencia una mirada centrada en los procesos protectores y los soportes que garanticen esta vivencia de bienestar en una sociedad sustentable, soberana, solidaria y saludable.
En 2022, la OMS nos invita a “Hacer de la salud mental y el bienestar para todos una prioridad mundial”. Solo habría que agregar, como corolario, que no hay salud mental para todas y todos sin el goce pleno de los derechos humanos.
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