Hemos sido testigos de cómo salas de juegos proliferan sin que las municipalidades sean capaces de definir expedita y claramente si se trata de juego legal o ilegal, y donde el procedimiento de calificación de máquinas avalado por la CGR, que prevé la participación de la SCJ, se ha transformado; en opinión de algunos; en una barrera que trabaría por igual, actividades legítimas e ilegítimas. Esta “zona gris” de legalidad, es un mal escenario donde los interesados solo buscan influir sobre la autoridad, en favor de sus intereses económicos.
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