Cada marzo, el Mes de la Mujer invita a reflexionar sobre las condiciones que enfrentan las mujeres para estudiar, trabajar y desarrollar sus proyectos de vida. En ese contexto, la promulgación en enero de 2026 de la Ley 21.790, que reconoce derechos académicos para estudiantes cuidadores, marca un avance relevante en la educación superior chilena, pues aborda una realidad largamente invisibilizada: miles de estudiantes no solo son alumnos, también son madres, padres o responsables del cuidado de niños, niñas o personas en situación de dependencia.
Aunque la ley está dirigida a cualquier estudiante cuidador, su impacto tiene una clara dimensión de género.
En Chile, las mujeres siguen concentrando la mayor parte del trabajo de cuidados. Según la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo del INE, cerca del 75% del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado lo realizan mujeres, una desigualdad que también se expresa en las trayectorias educativas.
En la práctica, muchas estudiantes combinan estudio, trabajo y crianza, lo que aumenta el riesgo de retraso académico o deserción.
En ese contexto, la Ley 21.790 introduce un cambio de paradigma: el cuidado deja de entenderse como un asunto estrictamente privado para transformarse en una dimensión que interpela directamente a las instituciones de educación superior.
El derecho a estudiar comienza así a dialogar con la realidad social de quienes sostienen tareas de cuidado.
La normativa establece medidas concretas para compatibilizar estudio y responsabilidades familiares. Entre ellas, el derecho a postergar o suspender estudios hasta por dos semestres —prorrogables una vez—, interrumpir plazos de egreso y titulación, y mantener beneficios estudiantiles sin pago de arancel ni matrícula durante el período de suspensión.
Asimismo, contempla prioridad en la inscripción de asignaturas, flexibilización de asistencia, posibilidad de reprogramar evaluaciones y adecuar calendarios académicos, además del derecho a disponer de tiempo diario para el cuidado o alimentación de niños o personas dependientes. El incumplimiento de estas disposiciones constituye una infracción grave fiscalizada por la Superintendencia de Educación Superior.
Más allá de sus efectos administrativos, esta ley refleja un cambio cultural. Reconoce que el modelo tradicional de estudiante —sin responsabilidades familiares— ya no representa la diversidad de trayectorias que hoy conviven en las aulas. Muchas mujeres estudian mientras crían hijos, cuidan familiares o sostienen sus hogares.
En el Mes de la Mujer, esta normativa adquiere un significado especial: avanzar en corresponsabilidad es también avanzar en igualdad de oportunidades.
El desafío ahora es que las instituciones no solo cumplan la norma, sino que promuevan una cultura universitaria que comprenda que acompañar a estudiantes cuidadores no es una concesión, sino una expresión concreta del derecho a la educación en condiciones reales de equidad.
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