El séptimo capítulo de “Punto de Encuentro, conversaciones que construyen país” centró su análisis en el ingreso de niños haitianos a Chile y en el informe de la Contraloría General de la República que cuestionó las actuaciones del Servicio Nacional de Migraciones. El programa también abordó los desafíos de la política migratoria chilena y el rol que deben cumplir las instituciones del Estado en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
El capítulo contó con la participación del exdiputado de la República, Rubén Oyarzo, y de Javiera Ramírez, abogada experta en derechos humanos y directora de la carrera de Derecho de la Universidad del Alba, quienes reflexionaron sobre los antecedentes del caso, el rol de las instituciones públicas y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección de niños, niñas y adolescentes.
Durante la conversación, Rubén Oyarzo recordó que la situación fue planteada públicamente mientras presidía la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados.
“En abril de 2025 levanté este tema realizando una sesión especial de la Comisión de Gobierno Interior, citando al entonces ministro del Interior, Álvaro Elizalde; al director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer; a la PDI y a la DGAC”, afirmó Oyarzo.
El ex diputado manifestó que esta situación “era un secreto a voces. Existían oficios de otros parlamentarios y antecedentes que venían desde años anteriores, incluso con condenas por tráfico de personas. Posteriormente recibí denuncias de funcionarios de la DGAC que alertaban sobre la llegada de vuelos chárter con un alto número de niños haitianos durante la madrugada, sin que se observara la presencia de sus padres. Esa información me llevó a realizar una fiscalización en terreno en el aeropuerto”.
Por su parte, Javiera Ramírez sostuvo que los antecedentes conocidos evidencian la necesidad de revisar el actuar de las instituciones encargadas de resguardar tanto la legalidad como los derechos de la infancia.
“Esta situación también era un secreto a voces y ya existían alertas levantadas desde distintos organismos, incluyendo tribunales de familia. Lo que hoy se discute pone en tensión principios fundamentales de un Estado de Derecho: por un lado, la obligación de proteger a niños, niñas y adolescentes y, por otro, el principio de legalidad que debe regir el actuar de todos los órganos del Estado. La pregunta central es dónde está la responsabilidad institucional frente a estos hechos”, afirmó.
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