A propósito de una nueva conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, celebrada el pasado 3 de diciembre, es importante constatar el indudable avance que, en los últimos 30 años, ha experimentado nuestro país en el desarrollo de normativas tendientes a establecer una mayor presencia estatal en torno a la protección de los derechos de las personas con diversidad funcional. Sin embargo, creemos que esta fecha nos insta a reflexionar sobre la efectividad de dicha institucionalidad.
Retrospectivamente, observamos tres momentos de acción —o inacción— del Estado chileno en materia de discapacidad. En un primer momento (hasta 1990) no existió regulación alguna, y fue la sociedad civil, a través de grupos intermedios, quienes contribuyeron a la asistencia de las personas con discapacidad: la obra más conocida es la fundación Teletón. En un segundo momento (1990-2010), con el retorno a la democracia, el gobierno transicional elaboró la primera política nacional sobre discapacidad y se formó el CONADIS, Consejo Nacional sobre la Discapacidad, organismo que elaboró la ley N°19.284 que creó el FONADIS, Fondo Nacional de la Discapacidad, institución que se encargó de administrar los recursos para la prevención, rehabilitación y equiparación de oportunidades, pero cuyo trabajo no aportó los beneficios y provechos que se esperaban, más aun con los nuevos lineamientos del Derecho Internacional Público, que exigían abordar la discapacidad desde el ámbito de las políticas públicas, superando las antiguas medidas de asistencialismo y proteccionismo.
Es así como llegamos al actual momento (desde 2010) con la dictación de la ley N°20.422, que elimina el FONADIS y crea el SENADIS, Servicio Nacional de la Discapacidad, cuyo objetivo es asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con el fin de lograr su plena inclusión social y el aseguramiento del disfrute de sus derechos.
Con todo, aun con el progreso normativo, hay deficiencias en la concreción de objetivos. Desde una perspectiva financiera, el capital del SENADIS designado por la ley anual de presupuesto, es ínfimo en comparación con el de Fundación Teletón, que se obtiene gracias a un show televisivo. En cuanto a las potestades del SENADIS, consideramos que son excesivas, hay una sobrecarga de funciones para una sola institución, lo que produce una desatención estatal y, en consecuencia, malestar por parte de la ciudadanía.
Es evidente que se requiere un constante progreso en la protección y tutela de los derechos de las personas con discapacidad. Chile ha demostrado que se puede ir avanzando hacia la inclusión total, que consta de la rehabilitación, la no discriminación, inclusión laboral y educativa, participación y accesibilidad de las personas con diversidad funcional. Planteamos que, sin perjuicio de ir reformando, robusteciendo y financiando al órgano público encargado de lograr tales propósitos, debe existir además una verdadera colaboración público-privada que actúe para la concreción de tales objetivos.
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